Práctica jurídica administrativa II: asesoramiento y litigación

La formación en esta materia tiene por objeto que el alumnado adquiera los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes necesarias para un correcto ejercicio de la profesión en determinados ámbitos del derecho público que presentan especial relevancia jurídica y habitualidad profesional, como son el derecho urbanístico, el derecho medioambiental, la contratación pública, la función pública, la expropiación forzosa, la responsabilidad patrimonial de la administración o el régimen jurídico de los extranjeros en el derecho español, que le permitan asesorar adecuadamente los intereses encomendados por sus clientes y defenderlos, tanto en la vía administrativa como en la judicial.

Más concretamente, se pretende que el alumnado conozca y maneje:
- Las actuaciones previas que debe realizar un abogado/a antes de acudir a un juzgado.
- Los fundamentos y normas básicas que rigen el urbanismo en Galicia y en el resto del Estado.
- Las herramientas legales para ordenar el territorio de acuerdo con el interés general y los fundamentos e institutos urbanísticos vinculados con la función social de la propiedad destinados al control de la legalidad en las intervenciones y usos del suelo.
- Los fundamentos y normas básicas que rigen el derecho ambiental en Galicia y en el resto del Estado.
- Los fundamentos y normas básicas que rigen la responsabilidad patrimonial de la administración en sus múltiples vertientes: sanitaria, urbanística, de tráfico y de otros terrenos.
- Los fundamentos y normas básicas que rigen el régimen de expropiación forzosa.
- Las particularidades que presenta la contratación del sector público.
- Los fundamentos y normas básicas que rigen el régimen del personal al servicio de la administración en Galicia y en el resto del Estado.
- Los fundamentos y normas básicas que rigen las diversas situaciones que se pueden producir en relación con los extranjeros que se encuentren en nuestro país.
- La redacción de distintos tipos de escritos (solicitudes, instancias, demandas, recursos, etc.) e intervenciones orales, tanto en vía administrativa como judicial, en relación con los ámbitos del derecho administrativo propios de la materia.
- La elección de la actuación más adecuada en cada caso a las distintas situaciones relacionadas con los ámbitos del derecho administrativo propios de la materia.
- La defensa y protección de los derechos en el marco de las relaciones entre los ciudadanos, entidades y otras partes interesadas, con las diferentes administraciones públicas y entidades del sector público.

Parte I. URBANISMO
1. La Ordenación del Territorio: a) Concepto de ordenación y la planificación. Normativa urbanística; b) Las distintas figuras de Ordenación del Territorio. Directrices de Ordenación del Territorio. Planes territoriales. Planes sectoriales. Proyectos de interés autonómico; c) La relación de los instrumentos de ordenación del territorio y el urbanismo.
2. El Urbanismo. Marco normativo: a) Normativa estatal: especial referencia al texto refundido de la Ley de suelo y rehabilitación urbana y a los reglamentos estatales urbanísticos; b) La normativa de ordenación del territorio y urbanística gallega: Ley de ordenación del territorio, Ley del suelo de Galicia y su Reglamento de desarrollo, Directrices de Ordenación del Territorio, Plan de Ordenación del Litoral, Plan Básico Autonómico, la ordenación y gestión integrada del litoral de Galicia, etc.
3. Clasificación del suelo: urbano, urbanizable, de núcleo rural y rústico. Consideración legal del Solar.
4. Régimen de las distintas categorías del suelo y de los usos: Equipamientos, dotaciones, zonas verdes, usos industriales, comerciales, asistenciales, etc.
5. Planeamiento urbanístico: a) Clases de instrumentos de ordenación; b) Elaboración y aprobación de los planes urbanísticos; c) Efectos de la aprobación de los planes.
6. Normas de aplicación directa.
7. Ejecución de los planes de ordenación: a) Áreas de reparto; b) Aprovechamiento tipo; c) Reglas generales de equidistribución; d) Polígonos de ejecución y otros instrumentos de gestión urbanística; e) Sistemas de actuación (cooperación, expropiación, concierto, compensación).
8. Instrumentos de intervención en el mercado del suelo: a) Patrimonios públicos de suelo; b) Derecho de superficie; c) Derechos de tanteo y retracto.
9. Intervención en la edificación y uso del suelo: a) Edificación forzosa; b) Deberes de conservación y ruina; c) Licencias y comunicaciones previas de obras; d) Supuestos especiales de licencias.
10. Disciplina urbanística: a) Inspección urbanística; b) Protección de la legalidad urbanística (obras sin licencia, suspensión y revisión de licencias, subrogación, etc.); c) Infracciones y sanciones (definición, tipificación, prescripción, personas responsables, reglas para determinar la cuantía, sanciones accesorias, órganos competentes, procedimiento sancionador).
11. Convenios urbanísticos: a) Concepto, objeto, alcance y naturaleza; b) Tipos de convenios urbanísticos; c) Tramitación y perfeccionamiento; d) La problemática de los convenios.
12. Delitos en materia urbanística: a) Relaciones entre el derecho administrativo sancionador y el proceso penal; b) Delitos contra la ordenación del territorio; c) Otros delitos; d) Medidas cautelares.

Parte II. MEDIO AMBIENTE.
1. El medio ambiente en el ordenamiento de la Unión Europea. Competencia. Programas de acción.
2. El medioambiente en el ordenamiento estatal, autonómico y local. Competencias. Programas de acción.
3. La evaluación ambiental de planes, programas y proyectos. Procedimientos de evaluación. La evaluación de incidencia ambiental de actividades.
4. Residuos. Contaminación atmosférica y acústica; Patrimonio histórico; Costas y puertos; Aguas; Ordenación del sector forestal, de la caza y pesca y de los espacios naturales.
5. Delitos medioambientales.

Parte III. EXPROPIACIÓN FORZOSA.
1. Las formas de la garantía patrimonial y de la actividad administrativa de extinción de derechos.
2. El derecho de propiedad en el ordenamiento jurídico español: su regulación; alcance constitucional; limitaciones, servidumbres y expropiaciones.
3. Concepto, objeto y sujetos (expropiante, beneficiario y expropiado) de la expropiación forzosa.
4. La causa de la expropiación forzosa: el requisito de la declaración de utilidad pública o interés social.
5. El justiprecio: a) Naturaleza y criterios de valoración; b) Los procedimientos de determinación del justiprecio: el mutuo acuerdo y el Jurado de Expropiación de Galicia (fijación contradictoria); c) El pago del precio y las responsabilidades por demora; intereses y retasación.
6. La ocupación de los bienes expropiados. Momento de transferencia de la propiedad.
7. La expropiación urgente.
8. La reversión expropiatoria.
9. Las garantías jurisdiccionales en la expropiación forzosa.
10. Las expropiaciones especiales. Especial referencia a las expropiaciones urbanísticas.

Parte IV: CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO.
1. La contratación del Sector Público. Normativa reguladora: a) Las nuevas directivas de contratación pública de la Unión Europea; b) La LCSP.
2. Ámbito subjetivo de la ley. Distintos niveles de aplicación de la LCSP: especial referencia a la Administración local.
3. Los contratos regulados en la LCSP: Clasificaciones y régimen jurídico.
4. El recurso administrativo en materia de contratación.
5. Cuestiones precontractuales: a) Objeto, precio y garantías de los contratos; b) Los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas.
6. La tramitación de los expedientes de contratación. La selección del contratista: procedimientos de adjudicación de los contratos. El contrato menor.
7. Las medidas para la racionalización de la contratación. La organización de la contratación: a) Los acuerdos marco; b) Los sistemas dinámicos de contratación; c) Órganos de contratación y registro de contratistas.
8. Ejecución, modificación y extinción de los contratos.
9. Los contratos de obras, servicios y suministros; La concesión de obra pública. La concesión de servicios.

Parte V: EMPLEO PÚBLICO.
1. Los sistemas de empleo público. El sistema español.
2. Clases de empleados públicos y régimen jurídico aplicable.
3. La relación funcionarial: concepto y naturaleza; selección y formación de funcionarios; ordenación de los funcionarios en cuerpos, grupos, niveles y relaciones de puestos de trabajo.
4. El contenido de la relación funcionarial: derechos de los funcionarios; deberes de los funcionarios; la responsabilidad de los funcionarios. La potestad disciplinaria sobre los funcionarios.
5. Derechos colectivos de los funcionarios.

Parte VI: RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
1. Fundamento y especificidad de la responsabilidad administrativa. La sustitución de la noción de culpa por la de lesión.
2. La lesión: daños reparables y conceptos indemnizatorios.
3. Los presupuestos básicos de la imputación: servicio público como actividad administrativa; funcionamiento anormal del servicio; funcionamiento normal como causa de imputación.
4. La lesión: daños reparables y conceptos indemnizatorios.
5. La relación de causalidad.
6. Extensión de la reparación y su valoración.
7. Plazo de reclamación y procedimiento.
8. La competencia exclusiva del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
9. La responsabilidad por actos de la Administración de Justicia.
10. La responsabilidad del Estado por actos o disposiciones del poder legislativo.

Parte VII: EXTRANJERIA.
1. La situación de las personas extranjeras en España: a) Derechos y libertades; b) Permanencia: estancia; prórroga; estudiantes - Tramitación administrativa de solicitudes de residencia. Documentación de personas extranjeras. Infracciones y sanciones en materia de residencia.
2. Control de fronteras: a) Documentación necesaria para la entrada en España; b) Visados de estancia y tránsito.
3. El Acuerdo de Schengen: a) Cruce de fronteras; b) Cooperación policial; c) Asistencia judicial en materia penal; d) Extradición.
4. Permiso de residencia laboral: a) Legislación aplicable a los trabajadores/as de la Unión Europea; b) Régimen de estancia y permanencia de trabajadores/as comunitarios/as; c) Legislación aplicable a personas extranjeras no comunitarias; d) Tipos de permiso de trabajo , régimen de concesión inicial y de renovación: permisos por cuenta propia y ajena; e) Situaciones de excepción a la obligación de obtener permiso de trabajo.
5. Infracciones y sanciones de extranjería en materia laboral: a) Infracciones cometidas por los empresarios/as; b) Infracciones cometidas por los extranjeros/as; c) Delitos contra los derechos de los trabajadores/as.
6. El control judicial en materia de extranjeros/as: a) Consideraciones generales sobre la Ley: posición del juez y del abogado en los procesos de extranjería; b) Derechos fundamentales de las personas extranjeras; c) Jurisdicción y procedimiento; d) Cuestiones prácticas más frecuentes de la actuación de los abogados: permiso de trabajo, expulsión-medidas cautelares, internamiento-habeas corpus, entrada en España-visado; e) Algunos supuestos prácticos.
7. Asilo y refugio. Solicitud de asilo: a) Lugar, forma y plazo de presentación; b) Efectos de la presentación; c) Inadmisión; d) Tramitación; e) Efectos de la concesión o denegación; f) Reexamen del expediente y recursos; g) Expulsión, revocación y cese del estatuto de refugiado; h) Extensión familiar del asilo.

Finalmente, dentro de las disponibilidades académicas y presupuestarias, formará parte de los contenidos de esta materia la participación del alumnado en actividades que posibiliten un contacto “in situ” con instituciones y profesionales cuyas funciones presentan una incidencia directa en la aplicación del Derecho administrativo, sustantivo y procesal, como son los Juzgados y Tribunales especializados en la aplicación de esta rama del derecho, los departamentos de urbanismo y medio ambiente de las administraciones públicas, los Jurados de Expropiación, las unidades de extranjería de las fuerzas y cuerpos de seguridad, etc. Se trata con ello de potenciar un conocimiento más directo y real de los ámbitos en los que los profesionales de la Abogacía y la Procura han de desarrollar su ejercicio profesional.

NORMATIVA:
- Constitución española.
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas.
- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público.
- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo y de Rehabilitación urbana.
- Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia.
- Reglamento de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia.
- Decreto 83/2018, de 26 de julio, por el que se aprueba el Plan básico autonómico de Galicia.
- Ley 4/2023, de 6 de julio, de ordenación y gestión integrada del litoral de Galicia.
- Ley de expropiación forzosa de 16 de diciembre de 1954.
- Reglamento de la Ley de expropiación forzosa (Decreto de 26 de abril de 1957).
- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos el sector público.
- Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto básico del empleado público.
- Ley 2/2015, de 29 de abril, de empleo público de Galicia y la normativa de desarrollo
- Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.
- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
- Directiva 2014/52/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014, por la que se modifica la Directiva 2011/92/UE, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre medio ambiente.
- Directiva 2011/92/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre medio ambiente.
- Directiva 2001/42/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación ambiental de los efectos de determinados planes y programas en medio ambiente.
Para todos los textos legales de manejo necesario, se recomienda la adquisición de aquellas ediciones más recientes que vengan acompañadas de un amplio catálogo de disposiciones complementarias.

DOCTRINA:
ARNAIZ RAMOS, R.: Control de legalidad urbanística a través de calificación registral. Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, Nº. 728 (última edición).
CAMY ESCOBAR, J.: La calificación registral de los actos de parcelación urbanística en Andalucía. Ed. Registradores de España (última edición).
CANO MURCIA, A.: Manual de licencias de apertura de establecimientos, Ed. Aranzadi (última edición).
CANO MURCIA, A.: Manual de licencias de ocupación y primera utilización, Ed. La Ley (última edición).
CARBALLEIRA RIVERA, M.T.: La responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, Ed. Meubook, Santiago de Compostela (última edición).
CORTÉS MORENO, A.: El régimen jurídico de la situación legal de fuera de ordenación: La declaración de situación en asimilación a la de fuera de ordenación en el Derecho urbanístico andaluz. Revista de Práctica Urbanística, nº 109, Ed. La Ley, Noviembre 2011.
COSCULLUELA MONTANER, L.: Manual de Derecho administrativo, Ed. Civitas, Cizur Menor (última edición). ESTEVE PARDO, J.: Lecciones de Derecho administrativo, Ed. Marcial Pons, Madrid (última edición).
FERNÁNDEZ FARRERES, G.: Sistema de Derecho administrativo, Ed. Civitas, Cizur Menor (última edición).
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T.R.: Manual de Derecho urbanístico, Ed. Civitas, Cizur Menor (última edición).
GAMERO CASADO, E.: Tratado de contratos del sector público, Ed. Tirant lo blanch, Valencia (última edición).
GARCÍA DE ENTERRÍA, E., y FERNÁNDEZ, T.R.: Curso de Derecho administrativo, II, Ed. Civitas, Cizur Menor (última edición).
GONZÁLEZ MARIÑAS, P.: Disciplina urbanística en Galicia, Ed. Rexurga (última edición).
LÓPEZ PORTO, P.(coord.), y VVAA.: Licencias, comunicaciones previas y de actividad en Galicia, Ed. Iurisutilitas, Santiago, 2019.
LÓPEZ PORTO, P y GARCÍA RODRÍGUEZ, D.: Fuera de ordenación: Estudio práctico para técnicos y juristas que tengan que enfrentarse a esta institución, Ed. Iurisutilitas (última edición).
MEILÁN GIL, J.L y VV.AA.: Comentarios a la Ley de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia, Ed. Aranzadi. (última edición).
MEMENTO.: Licencias urbanísticas, Ed. Francis Lefebvre (última edición).
OREIRO, J., (coord) y VVAA.: Guía práctica de responsabilidad patrimonial en urbanismo, Ed. Iurisutilitas (última edición).
PARADA VÁZQUEZ, R.: Derecho administrativo, II, Ed. Open Ediciones Universitarias, Madrid (última edición).
QUIRÓS ROLDÁN, A y VV.AA.: El régimen de fuera de ordenación urbanística, Ed. Atelier (última edición).
SÁNCHEZ GOYANES, E., y VV.AA.: Derecho urbanístico de Galicia, Ed. La Ley (última edición).
SÁNCHEZ MORÓN, M.: Derecho administrativo. Parte General, Ed. Tecnos, Madrid (última edición).
SÁNCHEZ MORÓN, M., Derecho de la Función Pública, Ed. Tecnos, Madrid (última edición).
SANTAMARÍA PASTOR, J.A.: Principios de Derecho administrativo general, II, Ed. Iustel, Madrid (última edición). TRAYTER JIMÉNEZ, J.M.: Derecho administrativo. Parte General, Ed. Atelier, Barcelona (última edición).

En las clases, el profesorado irá anunciando, con suficiente antelación, la bibliografía (doctrina, jurisprudencia y textos legales) que vaya siendo precisa para un mayor aprovechamiento de las enseñanzas.

BASES DE DATOS: Los estudiantes pueden acceder a jurisprudencia y a otros recursos a través de las bases de datos más habituales que les proporciona el servicio de biblioteca de la USC y del ICA Santiago. Entre ellas, son de uso frecuente Westlaw-Aranzadi, Tirant on Line, La Ley Digital, etc.

Con el estudio de esta materia el alumnado obtendrá una serie de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que le permitirán profundizar y complementar los conocimientos y habilidades adquiridas en la asignatura de "Práctica Jurídica Administrativa I", lo que le posibilitará enfrentarse a la administración y asesorar al cliente y administrado sobre cómo proceder en determinados y específicos ámbitos del derecho administrativo caracterizados por su particular complejidad, importancia y habitualidad, como es el caso, entre otros, de los problemas derivados del urbanismo, la expropiación forzosa, la contratación pública, la relación funcionarial o laboral con la administración, la responsabilidad patrimonial de la administración o el régimen jurídico de los extranjeros en España.

Además, el manejo de los textos legales, de la jurisprudencia y de la doctrina lo familiarizará con la terminología jurídica propia y le facilitará una mejor comprensión de los textos jurídicos, lo que sin duda contribuirá a una mejor claridad expositiva y técnicamente correcta.

Con su participación en las clases y la realización de las actividades programadas por el profesorado, obtendrá una visión global de estos ámbitos especializados del derecho administrativo sustantivo y procesal, así como de los problemas forenses que presentan las instituciones estudiadas, y comprobará su aplicación en situaciones reales, además de las distintas formas de interpretación de las normas jurídicas. Estas prácticas le proporcionarán los conocimientos necesarios para elaborar y presentar una decisión jurídicamente fundada, para redactar documentos jurídicos sencillos, lo que le facilitará también las competencias básicas para exponer sus conocimientos con un dominio ajustado de las habilidades orales y escritas.

Más concretamente:

Conocimientos
Con01: Conocer los distintos medios de investigación de la solvencia del contrario, de obtención de información útil del propio cliente y de datos o documentos en distintos organismos, así como las técnicas dirigidas a la averiguación y establecimiento de los hechos en los distintos tipos de procedimientos, especialmente la producción de documentos, los interrogatorios y las pruebas periciales.
Con02: Conocer y ser capaz de integrar la defensa y la postulación de los derechos de los clientes en el marco de los sistemas de tutela jurisdiccionales nacionales e internacionales.
Con03: Conocer las diferentes técnicas de composición de intereses, análisis de problemas y toma de decisiones profesionales, identificando la parcela del Derecho en la que se residencia; y saber encontrar soluciones a problemas mediante métodos alternativos a la vía jurisdiccional.
Con04: Conocer y distinguir las formas usuales de contratación privada y pública, incluida la electrónica, y de constitución y funcionamiento de los diferentes tipos de sociedades; sabiendo valorar la que resulte más adecuada para cada caso, según el objetivo y la necesidad del cliente, y teniendo en cuenta todas las posibles variables que puedan interesar.
Con05: Conocer la estructura procedimental y particularidades más importantes que presentan los distintos procesos propios de los diferentes órdenes jurisdiccionales en los que intervienen con más frecuencia los profesionales de la Abogacía y de la Procura; así como los tipos de pretensiones que se pueden ejercitar en ellos, las técnicas alegatoria, probatoria y de conclusiones, y manejarse en los procedimientos de jurisdicción voluntaria.
Con07: Conocer las técnicas, tanto para la elaboración de documentos profesionales y procesales de contenido diverso, como para tener una intervención, fluida, correcta y acertada, en las actuaciones orales propias del ejercicio profesional.
Con09: Conocer el usus fori de los tribunales, organismos y oficinas públicas propias del lugar.
Con14: Conocer la actividad de otros operadores jurídicos, así como de profesionales relacionados con el ejercicio de su profesión.

Habilidades o destrezas
H/D03: Poseer habilidades que permitan aplicar los conocimientos especializados adquiridos en la licenciatura o el grado, al ejercicio profesional ante tribunales o autoridades públicas, así como en las funciones de asesoramiento.
H/D04: Desarrollar las habilidades y destrezas necesarias para la correcta y eficaz realización de los actos de comunicación a las partes en el proceso, y para una colaboración eficaz con los tribunales en la ejecución de las resoluciones judiciales; conociendo y diferenciando los intereses privados que representa de los de carácter público cuya ejecución la Ley y los tribunales le encomienden.
H/D05: Desarrollar destrezas y habilidades para la elección de la estrategia correcta para la defensa de los derechos de la clientela, teniendo en cuenta las exigencias de los distintos ámbitos de la práctica profesional, incluida la conveniencia de propiciar soluciones negociadas a los conflictos y de preocuparse, en su caso, por la ejecución de las resoluciones favorables al cliente; siendo capaz de transmitir, de modo claro y fundamentado, las razones y argumentos que sustentan una determinada posición jurídica.
H/D06: Manejar con soltura las formas usuales de constitución y funcionamiento de sociedades, así como de contratación, identificando las condiciones generales, cláusulas abusivas y oscuras, contratos de adhesión, etc.
H/D07: Desenvolverse con soltura en los distintos trámites de los procedimientos más habituales que son propios de los diferentes órdenes jurisdiccionales, valorando en cada caso la viabilidad de acudir al que resulte más adecuado a los intereses del cliente.
H/D08: Desarrollar las destrezas y habilidades necesarias para la utilización de los procedimientos, protocolos, sistemas, y aplicaciones judiciales, que requieran los actos de comunicación y cooperación con la Administración de Justicia, con especial atención a los de naturaleza electrónica, informática y telemática; y para la búsqueda de información telemática, jurídica o no jurídica, que resulte relevante en los asuntos cuya gestión se tenga encomendada.
H/D10: Saber mantener un estricto tono profesional; y desarrollar habilidades y destrezas interpersonales, que faciliten el ejercicio profesional en sus relaciones con la ciudadanía, con otros profesionales y con las instituciones.
H/D11: Aplicar las técnicas de redacción con fluidez en documentos profesionales y procesales de contenido diverso; y de realización de las intervenciones orales más habituales en el ejercicio profesional, según las particularidades del caso o del procedimiento de que se trate.
H/D12: Acostumbrarse a analizar con determinación las resoluciones procesales, para valorar la posible impugnación desde la óptica riesgo-beneficio, y elegir, en su caso, el medio más adecuado de entre los contemplados por la normativa de aplicación.

Competencias
Comp01: Saber identificar conflictos de intereses y conocer las técnicas para su resolución; establecer el alcance del secreto profesional y de la confidencialidad, y preservar la independencia de criterio.
Comp02: Saber identificar los requerimientos de prestación y organización determinantes para el asesoramiento jurídico y la representación procesal.
Comp04: Desarrollar la capacidad para elegir los medios más adecuados que ofrece el ordenamiento jurídico para el desempeño de una defensa y representación técnica de calidad.
Comp05: Utilizar las herramientas de las tecnologías y de la información, y las comunicaciones necesarias, para el ejercicio de la profesión y para el aprendizaje a lo largo de la vida.
Comp06: Adquirir un manejo suficiente en todas aquellas materias de derecho sustantivo, incluido el derecho autonómico, que debe aplicar con más frecuencia el profesional de la Abogacía en la solución judicial y extrajudicial de conflictos jurídicos.
Comp07: Saber exponer, de forma oral y escrita, hechos; y extraer argumentalmente consecuencias jurídicas, en atención al contexto y al destinatario al que vayan dirigidas, de acuerdo en su caso con las modalidades propias de cada ámbito procedimental.
Comp08: Saber desarrollar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares.
Comp10: Familiarizarse con el funcionamiento y la problemática de instituciones relacionadas con el ejercicio de la Abogacía y de la Procura.
Comp13: En general, desarrollar las competencias y habilidades necesarias para el ejercicio de la Abogacía y, en su caso, de la Procura.

Para conseguir que el alumnado del Máster adquiera los conocimientos, competencias y habilidades/destrezas exigidas y los objetivos propuestos, la metodología y la programación se basarán en una formación activa y participativa, y en la asimilación progresiva de experiencias (“aprender haciendo”) y razonamientos jurídicos.

De esta manera, partiendo del bagaje teórico que los/as licenciados/as y graduados/as en Derecho han adquirido en la Facultad, se persigue que el profesorado se centre en las cuestiones prácticas más relevantes relacionadas con los contenidos de la materia que plantea el ejercicio profesional de la Abogacía y de la Procura, tratando que el alumnado adquiera las habilidades y las reglas esenciales del usus fori.

La metodología docente se centrará en potenciar todas las capacidades del alumnado, principalmente las competencias, habilidades, técnicas y actitudes necesarias para el ejercicio profesional de la Abogacía y de la Procura. Se busca conseguir un cambio de mentalidad importante en el alumnado, pasando de ser simple espectador pasivo a convertirse en protagonista activo da su propia formación. Igualmente, se pretende ofrecer un trato lo más personalizado posible, para conseguir una formación de calidad.

Se trata de ayudar al alumnado a que "aprendan a aprender" las claves para resolver cualquier problema que se les presente relacionado con los contenidos de la materia, tanto en el ámbito sustantivo como en el procesal, cuyo contenido básico se da por supuesto, dada su condición de licenciados/graduados en Derecho.

Se seguirá con preferencia el método del caso (“estudios de casos”), como medio para que el alumnado alcance los objetivos previstos. Se trabajará con casos, extraídos o inspirados, de/en la realidad, con sus diferentes variables y con el tratamiento de la jurisprudencia y doctrina. Cuando la materia lo precise, se combinarán otros métodos, como presentación en aula de ejercicios, seminarios, debates sobre resolución de problemáticas, etc. Además de las simulaciones, se emplearán otras técnicas con los que el alumnado lleve a cabo las mismas actividades que después deberá realizar como profesional de la Abogacía o de la Procura, siempre bajo un prisma eminentemente práctico y deontológico.

También se asesora al alumnado sobre las técnicas que ha de emplear cuando ejerza la profesión, tanto en el ámbito judicial como extrajudicial, sin olvidar el enfoque global de la profesión. Se prestará especial atención a los aspectos de más interés profesional, atendida la frecuencia con la que se presentan en la vida profesional diaria.

Por tanto, el análisis y la resolución de los asuntos/casos por parte del alumnado, la elaboración de escritos profesionales, procesales y extrajudiciales, la preparación de informes/dictámenes, de alegaciones e interrogatorios orales, las simulaciones de actuaciones profesionales y procesales tanto escritas como orales, el trabajo tutelado… son los sistemas habituales de trabajo.
Esto significa que el alumnado debe responsabilizarse de preparar adecuadamente los contenidos concretos que serán objeto de análisis en las clases (“estudio y trabajo previo”), así como de resolver de manera autónoma los casos y actividades que el profesorado les formule.

De este modo, las actividades formativas que se realizarán en el aula con presencia del profesorado consistirán en:

• Docencia expositiva (clase magistral combinada con actividades de contenido práctico):

Se utilizará para actividades presenciales que no requieren una participación activa y constante de los estudiantes.
Podrán tener diferentes formatos (exposiciones orales, intercambio de opiniones, debates, búsqueda de información por el alumnado, exposiciones del alumnado, etc.) y contarán con apoyo de medios audiovisuales e informáticos, al tiempo que se procurará la mayor implicación del alumnado.

Habitualmente, se realizará una breve introducción a las cuestiones más relevantes que, desde la óptica de la práctica, presenta cada tema. Se expondrán los supuestos prácticos a resolver, los temas o cuestiones a exponer/debatir y los trabajos/tareas a realizar.

Se incluyen aquí también la realización de diferentes pruebas aleatorias como preguntas test, resolución de problemas/casos, etc.

No obstante, el recurso a la docencia expositiva no será el más empleado en la materia, dado el carácter eminentemente práctico y profesionalizante de la misma, y las competencias, conocimientos y habilidades/destrezas que debe adquirir el alumnado, dirigidas al ejercicio profesional de la Abogacía y de la Procura.

• Docencia interactiva.

Será el recurso más habitual y consistirá en la organización de actividades presenciales que buscan o requieren una participación activa y constante de los estudiantes, a partir de un estudio previo.

Se realizarán actividades tipo: seminarios; estudio, discusión y resolución de casos prácticos; resolución de problemas; exposición de trabajos; búsqueda de información (normativa, jurisprudencia y doctrina) relevante; prácticas en aula informática; etc. También las simulaciones de actuaciones profesionales, escritas y orales, la tramitación de procesos y la celebración de audiencias, comparecencias, vistas... serán recursos formativos que se emplearán con habitualidad.

Se incluyen también actividades consistentes visitas de trabajo a órganos, instituciones y oficinas públicas de interés para el ejercicio profesional, y de evaluación del tipo: en aula de informática mediante sistemas de docencia virtual, exposición de trabajos, memorias, etc.

Tanto en las clases expositivas como interactivas se utilizará el método del caso, que consiste en la descripción de una situación concreta con finalidades pedagógicas para aprender a razonar y a aplicar los conocimientos teóricos. El caso se propone a un grupo-clase para que individual y/o colectivamente lo sometan al análisis y a la toma de decisiones. Al utilizar el método del caso se pretende que el alumnado estudie la situación, defina los problemas, llegue a sus propias conclusiones sobre las acciones que habría que emprender, contraste ideas, las defienda y las reelabore con nuevas aportaciones.

• Tutorías.

Están especialmente indicadas para el desarrollo de actividades presenciales de orientación, dinamización y seguimiento del trabajo de los estudiantes: orientación y tutela para la realización de trabajos, preparación de exposiciones, búsqueda y selección de material bibliográfico, revisión de prácticas o problemas, etc.

En aula, grupos reducidos o personalizadas, estarán destinadas al alumnado que las precise y en los temas que revistan una especial dificultad. En ellas, se atenderá al alumnado para discutir cuestiones concretas en relación con sus tareas o para tratar de resolver cualquier dificultad relacionada con los contenidos y actividades de la materia.

Los horarios de tutorías serán fijados por cada docente y dados a conocer con suficiente antelación al alumnado. En todo caso, a la finalización de cada clase el alumnado podrá acordar con el docente el momento más idóneo para recibir el apoyo necesario.

En definitiva, la actividad que habrá de desarrollar el alumnado consistirá en:
- Llegar al conocimiento teórico y práctico de los conceptos y de las instituciones básicas de la materia.
- Búsqueda de materiales: legislación, jurisprudencia, doctrina, consultas, etc.
- Asistencia a juicios y a otras actividades programadas por el profesorado.
- Resolución de supuestos prácticos, elaboración de escritos profesionales y demás actividades de índole similar, tanto de manera individual como en grupo.
- Aplicación de las normas y de la jurisprudencia a casos concretos.
- Elaborar trabajos, individualmente o en grupo, sobre contenidos de la materia.
- Preparar y tomar parte en los debates organizados en el aula y en las simulaciones de actuaciones profesionales que se programen.
- Participar periódicamente en los programas de tutorías.

La actividad presencial se complementará con soporte virtual ofrecido a través de la plataforma USC VIRTUAL y de la plataforma informática de la Escuela de Práctica Jurídica, por medio de las que se suministrarán los materiales referidos a los contenidos y a los supuestos prácticos de las diferentes partes que configuran la materia; se ofrecerán enlaces a las fuentes básicas de conocimiento; se recogerán los trabajos realizados por el alumnado; se realizarán pruebas de autoevaluación; se habilitarán métodos de contacto para tutorías virtuales y se remitirán las calificaciones al alumnado.

Para garantizar el aprovechamiento por parte del alumnado y constatar su progreso en la consecución de los objetivos propios de la materia, se establecen diferentes sistemas de evaluación, entre los que figuran controles de asistencia y pruebas, parciales y finales, de carácter eminentemente práctico, que revelen su adecuado grado de formación y aprendizaje.

Por tanto, se valorará el rendimiento y los aprendizajes adquiridos a través de una combinación equilibrada y variada de actividades de evaluación formativa.

La evaluación formativa debe valorar el esfuerzo y el progreso en el aprendizaje, así como la adquisición de los conocimientos, competencias y habilidades/destrezas propias de la materia, e incentivar una dedicación constante a la asimilación y comprensión de los contenidos propios de la materia.

Como regla general, para evaluar el rendimiento del alumnado se utilizará el sistema de evaluación continua, por ser el que mejor contribuye a estimular al alumnado a seguir el proceso e involucrarse en su propia formación.

De manera particular, se tendrán especialmente en cuenta los siguientes sistemas de evaluación:

A) Evaluación continua

Serán objeto de valoración:
• Asistencia presencial y diaria a las clases, que se controlará a través de diferentes medios; exigiéndose un mínimo de un 90% de asistencia real para poder ser valorado por el sistema de evaluación continua.
• Participación activa en las clases (realización de preguntas, exposiciones orales, debates, etc.), a través de las diferentes actividades programadas por el profesorado.
• Elaboración de trabajos individuales o en grupo, como redacción de escritos profesionales y forenses, dictámenes, estudio de casos y resolución de problemáticas, búsqueda de información relevante, etc.
• Pruebas de preguntas objetivas (test), de preguntas de desarrollo y de preguntas tipo caso práctico (con enunciado).
• Simulaciones de actuaciones extraprocesales y de juicios correspondientes al orden jurisdiccional contencioso-administrativo, tanto desde la perspectiva de su tramitación escrita como oral.

A través de las actividades, tareas y pruebas anteriores se obtendrá el 100 % de la nota final, constituyendo:
- La asistencia constante y puntual a las clases: el 5% de la nota final.
- La participación activa en las clases y en la tareas/trabajos encomendados: el 5% de la nota final.
- La realización y presentación de trabajos escritos: el 30% de la nota final.
- La realización de pruebas teórico-prácticas: el 30% de la nota final.
- La tramitación de actuaciones profesionales simuladas: el 30% de la nota final.

Para superar el sistema de evaluación continua y alcanzar la calificación de aprobado, es necesario, después de acreditar el porcentaje de asistencia a las clases indicado anteriormente, evidenciar un conocimiento general y equilibrado de toda la materia. No será posible superar una materia si el/la alumno/a demuestra que desconoce partes esenciales del programa. Al alumnado que siga el sistema de evaluación continua, la coordinación del Máster le comunicará con suficiente antelación su calificación, para que, caso de no aprobar por medio de este sistema, pueda presentarse al examen final.

Para los casos de realización fraudulenta de ejercicios o de pruebas será de aplicación lo recogido en la Normativa de evaluación del rendimiento académico de los estudiantes y de revisión de las calificaciones.

A efectos de la Normativa de Permanencia en las Titulaciones de Máster, todas las actividades realizadas, tanto durante como fuera de las clases, así como la asistencia a las clases, serán valoradas. Por tanto, para que el/la alumno/a figure como “no presentado" en la correspondiente convocatoria será necesario que no asista a ninguna clase, no realice ninguna actividad, ni se presente al examen.

B) Examen final

Para el alumnado que no supere la materia a través del Sistema de evaluación continua se establecerá una prueba final.
La finalidad de esta prueba es comprobar que el alumnado adquirió los conocimientos, competencias y habilidades/destrezas propias de la materia y que es capaz de aplicarlas a situaciones de índole profesional.

Para acceder a dicha prueba final es necesario acreditar una asistencia real a las clases superior al 60% de las sesiones impartidas. Un porcentaje inferior de asistencia conlleva la imposibilidad de poder presentarse al examen final y, consecuentemente, de superar la asignatura.

La prueba final se efectuará en las fechas aprobadas por la comisión académica del Máster, y constará de diferentes ejercicios y actividades que evidencien un conocimiento equilibrado de la materia, tanto desde una perspectiva teórico-práctica como exclusivamente práctica.

A este respecto, podrá contener: Preguntas objetivas (test), preguntas de desarrollo, preguntas tipo caso práctico (con enunciado); Simulaciones de actuaciones extraprocesales y de procesos correspondientes a los diferentes órdenes jurisdiccionales, tanto desde la perspectiva de los trámites escritos como orales; Redacción de escritos profesionales y procesales, y de informes jurídicos; Estudio de casos y resolución de problemáticas; Búsqueda de información relevante; etc.

El alumnado que acredite imposibilidad sobrevenida de asistir a las clases podrá solicitar la dispensa de asistencia. En tal caso, corresponderá a la comisión académica del máster decidir acerca de dicha solicitud. Para ello, la comisión deberá valorar especialmente, entre otros aspectos, si los conocimientos, habilidades y actitudes que el alumnado debe adquirir con la materia exigen necesariamente la asistencia presencial, a la vista de su contenido eminentemente práctico, la metodología empleada, las actividades a realizar, etc. Como regla general, todas las materias del máster presentan un elevado componente práctico, que exige la presencia del alumnado para adquirir las competencias exigidas y los objetivos propuestos.

En el caso de ser concedida la dispensa de asistencia a las clases, el profesorado de la materia deberá encomendar al alumnado la realización de las tareas alternativas que considere necesarias para garantizar el aprendizaje, en condiciones semejantes a lo exigido al resto de los compañeros/as, entre las que se podrá incluir también la realización de un examen.

C) Revisión de exámenes

En cumplimiento de la normativa de la USC, la coordinación del Máster publicará, en el tablón de anuncios de la Escuela de

Práctica Jurídica, la lista con la calificación final de cada alumno/a en los diez días siguientes a la realización del examen final, con indicación de la fecha y horario en la que el alumnado podrá ejercitar su derecho de revisión para percibir su nivel de conocimientos y de carencias. En todo caso, esta revisión tendrá siempre lugar dentro de los diez días siguientes a la publicación de las calificaciones.

La publicación de calificaciones podrá sustituirse por el envío de las mismas de manera telemática al correo electrónico de cada alumno/a.

Finalizada la revisión, serán publicadas las notas definitivas en el mismo tablón de la Escuela.

La materia "Práctica Jurídica Administrativa II: Asesoramiento y Litigación" tiene un total de seis créditos.

El tiempo de estudio y de trabajo individual que debe dedicar un estudiante para superar la materia depende, lógicamente, de las capacidades intelectuales particulares de cada alumno/a. No obstante, se calcula, como media, que el tiempo de distribución del trabajo del alumno/a, entre horas presenciales y no presenciales, será el siguiente:

Horas presenciales: 48
Horas no presenciales: 102
Volumen de trabajo mínimo (en horas): 150

Antes de iniciarse al estudio de esta materia el alumnado debe repasar y actualizar los conocimientos adquiridos en el Grado en Derecho sobre lo contenidos que son propios de esta materia. Resulta aconsejable también tener aprobada la materia de” Práctica Jurídica Administrativa I” que se imparte en el primer semestre del máster.

La preparación idónea de la materia aconseja que el alumnado asista a todas las clases presenciales con el material legislativo y jurisprudencial correspondiente a los contenidos que se van a impartir, previamente leído, y con los trabajos encomendados previamente, realizados en su totalidad.

El alumnado no debe encontrar excesivo problema en superar satisfactoriamente la asignatura si, junto con lo dicho anteriormente, desde el primer día de clase trata de introducirse y comprender los principales contenidos de la materia y la terminología técnica y profesional empleada.

También es necesario ser capaz de dedicar cada día un tiempo razonable al estudio y la preparación de la materia, y a la elaboración de los casos y tareas encomendadas; además de adquirir el hábito de preguntar en las clases y tutorías todas sus dudas.